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Al menos 34 bufetes costarricenses, en algunos de los cuales son socios desde un directivo del Banco de Costa Rica hasta un exministro de Economía, enlazaron a decenas de nacionales -muchos de alto perfil empresarial y político- con Mossack Fonseca & Co., el bufete panameño cuestionado por crear refugios offshore para sus clientes.
Según revelan documentos internos del bufete obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el vínculo entre las firmas de abogados costarricenses y Mossack Fonseca, permitió que durante los últimos 15 años, empresas y ciudadanos -mayoritariamente costarricenses- constituyeran 362 de las 800 compañías en paraísos fiscales. Paraísos fiscales como Panamá, Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas, donde la carga tributaria es inferior a la de nuestro país o inexistente.
La creación de empresas domiciliadas en otras jurisdicciones es legal, a menos de que sean utilizadas con un propósito ilícito como evadir o eludir impuestos en territorio nacional.
En el caso específico de las 800 compañías offshore gestionadas desde Costa Rica, los fines incluyen desde la aparente legitimidad –como incursionar y operar en el mercado de Panamá o la tenencia de bienes muebles e inmuebles-, hasta intrincadas estructuras con indicios de un posible ocultamiento de riqueza a la Administración Tributaria.
La información se desprende de más de 11 millones de archivos internos de Mossack Fonseca, que datan de 1977 a diciembre de 2015, obtenidos por el mencionado diario. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) organizó un esfuerzo colaborativo global y compartió los documentos con DataBaseAR –la unidad de investigación de AmeliaRueda.com- y con más de 100 medios de comunicación alrededor del mundo. Es la investigación periodística mundial más grande de la historia.
Casi 75 mil archivos están asociados con Costa Rica. Los archivos analizados por DataBaseAR incluyen correos electrónicos y sus anexos, y proporcionan datos y cifras –transferencias de dinero, fechas de incorporación y enlaces entre empresas e individuos- que iluminan el universo de los negocios offshore.
En tres de cada cuatro de las 362 sociedades anónimas creadas por Mossack Fonseca, cinco bufetes ticos fueron los que actuaron como enlace: Gonzalo Fajardo & Asociados, Zürcher, Odio & Raven, ANS, IncoServ Ltda. y Batalla y Asociados S.A.
Otros bufetes -con limitada actividad- son González Uribe, André Tinoco Abogados, Lex Counsel Ltda., Guardia & Cubero, Arias & Muñoz, Alfredo Fournier & Asociados y Facio y Cañas.
"La mención en referencia se refiere a una relación profesional de corto plazo, tenida con un cliente hace 20 años. El cliente requería crear una estructura social para la promoción de sus productos fuera del país. Este servicio fue enteramente circunstancial, de carácter específico y dentro de un marco de total legalidad, como es costumbre en nosotros", explicó Facio y Cañas mediante una nota enviada a este medio el 12 de abril.
En algunos casos, los abogados costarricenses también administran localmente (gestiones de cobro de honorarios de Mossack Fonseca y revisión de documentos legales) las empresas, fideicomisos y fundaciones domiciliadas en el extranjero para sus clientes radicados en Costa Rica, mientras que el grupo panameño actúa como agente residente de todas ellas ante el Registro Público de las distintas jurisdicciones. Tal es el caso en Panamá, donde la Ley 32, que data de 1927, señala que toda persona jurídica debe tener un agente (abogado o bufete) en ese país.
Abriendo camino, el primer bufete costarricense con el cual el proveedor panameño de estructuras offshore trabajó en Costa Rica fue Gonzalo Fajardo & Asociados, que aparece registrado como cliente-intermediario de Mossack Fonseca desde el 29 de diciembre de 1998.
Éste fue fundado por Gonzalo Fajardo Salas, quien fue director general de Tributación y de Hacienda en los años 1968 a 1971, ministro de Economía, Industria y Comercio (1990-1993) y diputado socialcristiano por Puntarenas (1994-1998).
La firma de Fajardo, doctor en Derecho Financiero y Tributario, de 75 años de edad, ha sido la más activa entre las nacionales en su relación con Mossack Fonseca. Durante 17 años sumó 82 compañías en paraísos fiscales vendidas a costarricenses. De ese total, 16 están aún activas en los registros de Mossack Fonseca a los que DataBaseAR tuvo acceso, y fueron registradas entre los años 1998 y 2013.
Meses antes de constituirse en intermediario, el nombre de Fajardo Salas ya figuraba en documentos de Mossack Fonseca, como las facturas emitidas por los servicios brindados en Islas Vírgenes Británicas y en Panamá a la extinta empresa atunera tica Borda Azul S.A., que permitieron a sus dueños Hermes Navarro Vargas y Jerry Ten Brink, burlar a las autoridades fiscales costarricenses en 1998.
Más reciente es la mediación de este bufete nacional en la constitución de American Tropical Trading Inc., domiciliada en Panamá desde el 20 de diciembre de 2013 a solicitud del empresario Alberto Umaña Blanco, de 57 años, para “tramitar exportaciones” principalmente de banano y piña y para abrir una cuenta bancaria en el Prival Bank de Panamá.
"Agradecería las gestiones que puedan realizar para la constitución de la sociedad lo antes posible, esto dado que requerimos realizar la apertura de una cuenta corriente bancaria [en Prival Bank en Panamá] y constituir unos contratos por compra-venta de banano", escribió Umaña, ex vice-presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), el 19 de diciembre de 2013 en un intercambio de correos electrónicos con abogados de Mossack Fonseca.
DataBaseAR buscó la versión de Fajardo Salas sobre este vínculo con Mossack Fonseca, pero familiares explicaron que no podía dar declaraciones por las secuelas de un accidente cerebrovascular que sufrió en 2015.
El actual directivo del Banco de Costa Rica y socio fundado de la firma Zürcher, Odio & Raven, Alberto Raven Odio, sirvió de enlace para registrar a través del bufete panameño 62 entidades jurídicas extraterritoriales, la mayoría en Panamá.
En los papeles secretos el nombre del abogado de 54 años es desde el año 2000 sinónimo de ‘cliente’ 8940. ‘Cliente’ es la palabra que utiliza Mossack Fonseca en su documentación interna para referirse a los intermediarios; a los dueños de las empresas en el extranjero, los identifica como ‘beneficiarios finales’.
Raven Odio, quien considera que 62 es una cantidad ‘relativamente pequeña’ avala el calificativo de ‘intermediario’.
“Creo que cada vez que un abogado costarricense contacta a un abogado de otro país es un rol de intermediario”, explicó en entrevista telefónica con DataBaseAR. “Está poniendo en contacto a un empresario o a un cliente local con un abogado en una jurisdicción en la que nosotros no podemos practicar”, puntualizó.
Su relación con Mossack Fonseca, aseguró el directivo bancario, concluyó en 2013, un año antes de que la firma panameña instalara una oficina en Costa Rica.
Tras reunirse con Raven en julio de 2007, el abogado de Mossack Fonseca, Amauri Batista, escribe un reporte en que indica que Zürcher, Odio & Raven “son clientes muy antiguos y están muy satisfechos con nuestros servicios”.
Raven Odio ocupa por tercera vez el cargo de directivo del Banco de Costa Rica (BCR), fue directivo del Banco Nacional (1997-1998) y vicepresidente del Instituto Nacional de Seguros (2006-2010)
En el listado de beneficiarios finales relacionados con este bufete, sobresalen los dueños de la empresa TicoFruit, fundada en 1988 en Aguas Zarcas de San Carlos y cuya producción agroindustrial se exporta en su totalidad a Estados Unidos, la Unión Europea, Asia y ocasionalmente a África.
La compañía fue de capital costarricense –propiedad de Carlos Odio Soto- hasta el 15 de julio de 2014, cuando Grupo Pellas de Nicaragua y el Grupo Motta de Panamá se convirtieron en socios mayoritarios.
Los archivos secretos revelan que TicoFruit es un engranaje de al menos siete sociedades anónimas domiciliadas en Panamá que el bufete Zürcher Odio Raven, como enlace de Mossack Fonseca, ayudó a registrar: Rivara Holdings S.A.; Coberton Holdings Inc.; Morumbí S.A.; Combuhy S.A.; Sedgwick Company Inc; Serena Management y TicoSource Inc.
Ticofrut opera en régimen de zona franca desde el 25 de agosto de 2003, por lo cual está exenta de impuestos.
Otro empresario nacional y cliente de Raven Odio y de Mossack Fonseca es Sergio Egloff Gerli –de 61 años- y su compañía Grupo Productos de Concreto S.A., que incursionó en Panamá. Este empresario es el hermano del actual de presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Enrique Egloff Gerli, de 64 años.
Sin referirse a casos específicos, Raven Odio afirmó que ni él, ni su bufete han ayudado a algún cliente a reducir cargas tributarias a través de las empresas offshore.
“Nuestro bufete no se dedica a asesorías tributarias”, dijo. “Ya lo que el cliente haga con sus asesores tributarios, escapa a nuestra relación con el cliente”, recalcó.
El cliente 15417 es el bufete ANS - Abogacía, Negocios y Servicios, S.A.- fundado en el año 2004 como resultado de la reestructuración corporativa que sufrió Odio & Raven al fusionarse con Zürcher, Montoya & Zürcher.
Tipo de cliente: ‘intermediario’, indica el perfil de la firma en los archivos de Mossack Fonseca, que lo registra como activo desde el 24 de mayo de 2004. Como tal, ANS medió desde entonces en la adquisición de 50 sociedades anónimas en el extranjero.
Bajo este esquema, entre 2005 y 2013 Mossack Fonseca fue el agente registrado y ANS el bufete administrador de la empresa Crowley Agencies Inc., cuyo único activo era un yate de pesca deportiva con bandera panameña, llamado Pakiki, de Carlos Manuel y Rodrigo Uribe Sáenz, 63 y 68 años, entonces dueños de la Corporación Más x Menos.
“Nótese que el 100% de las acciones de Crowley es propiedad de Don Carlos Uribe”, escribió el abogado Manuel Zúñiga de ANS a Mossack Fonseca el 6 de enero de 2005.
La relación de los Uribe con Mossack Fonseca concluye en 2013, cuando los empresarios costarricenses deciden cambiar de agente residente y escogen al bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).
ANS también aparece ligada, entre otras, a la compañía Desarrollo Papagayo Corporation (DPC) domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, entre cuyos directores figura desde 2011 Ramón Mendiola, director general de Florida Ice & Farm Co. (Fifco). Antes de Mendiola, de 52 años, también fue director de DPC durante 9 años (2002 a 2011) el empresario Rodolfo Jiménez Borbón, de 77 años, accionista relevante de Fifco y Grupo Nación.
De acuerdo con la documentación de Mossack Fonseca, uno de los accionistas de DPC es la empresa nacional Ecodesarrollo Papagayo S.A..
DPC “es tenedora de acciones de una sociedad cuya actividad se desarrolla en Costa Rica”, explica el abogado de ANS, Andrés Waisleder, 41 años, a la oficina de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes en un correo electrónico del 04 de setiembre de 2013.
Ecodesarrollo Papagayo S.A., acordó con el Instituto Costarricense de Turismo desarrollar el proyecto Península de Nacascolo, un proyecto turístico e inmobiliario que en el año 2027 debe incluir nueve hoteles, tres campos de golf, 480 lotes unifamiliares, clubes de playa y una marina con un pueblo comercial, con todas las facilidades y servicios.
Este bufete tico aparece también como intermediario de las empresas Península Papagayo Principal Holdings Ltd, que a su vez aparece como accionista de Marina Pagagayo Holdings Ltd. y Península Papagayo Ventures Ltd.; también de la compañía, Península Papagayo Group Corp., todas domiciliadas en las IVB. Mossack Fonseca dejó de ser el agente residente de estas empresas entre 2013 y 2014, según sus archivos.
Ante una solicitud de entrevisa de DataBaseAR, el socio director de ANS, Fernando Vargas Cullell, indicó a través de su asistente que “no tiene el conocimiento suficiente” sobre empresas proveedoras de servicios offshore o sociedades anónimas. constituidas fuera de Costa Rica.
Tampoco respondió preguntas detalladas que se le facilitaron por escrito.
En diciembre de 2003, Mossack Fonseca envió una tarjeta navideña al bufete costarricense Batalla & Asociados. Ese “detalle” fue el primer acercamiento para establecer una relación con los abogados costarricenses, intentos que se extendieron por cuatro años con esfuerzos de mercadeo que incluyeron correos y visitas personales a los abogados costarricenses.
“Plantearon la posibilidad de hacer negocios con nosotros si se aprueba el régimen fiscal global”, dice un reporte escrito por Batista, tras el encuentro del 4 de marzo de 2005 con Rodrigo Zelaya y Roger Guevara, socios del bufete Batalla & Asociados.
El tipo de negocios no se especificó en el reporte.
El régimen al que se referían estaba contemplado en el proyecto "Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural”, que impulsó el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006), iniciativa que pretendía luchar contra el uso de paraísos fiscales como medio de evasión fiscal transformando el sistema tributario de Costa Rica de un modelo de renta territorial a uno mundial. Ello hubiera permitido gravar todos los ingresos que los ciudadanos y residentes costarricenses tuvieran, sin importar si la actividad lucrativa se realizaba dentro o fuera del país.
El 16 de febrero del 2006, la iniciativa de ley fue aprobada en primer debate. No obstante, la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional el 22 de marzo siguiente por el procedimiento que se siguió para su trámite.
Fue hasta agosto de 2007 cuando Batalla & Asociados se convirtió en cliente e intermediario 13846 de de Mossack Fonseca. Según los documentos analizados por DataBase, medió en el registro de 21 compañías.
“Todos los consejos legales que damos a nuestros clientes se hacen apegados de manera estricta al ordenamiento jurídico”, manifestó por escrito Alejandro Batalla a DataBaseAR. “Nosotros no asesoramos a nuestros clientes para realizar estructuras ilícitas o que tengan como propósito evadir obligaciones legales.”
Diez bufetes nacionales aparecen en los archivos de Mossack Fonseca como administradores locales de sólo una sociedad anónima y cinco firmas de abogados con dos.
Entre los bufetes con intermediaciones esporádicas figuran González Uribe, André Tinoco Abogados (socio de Lexincorp, firma Centroamericana) y Lex Counsel Ltda., esta última producto de la fusión de Carballo Abogados con otras dos firmas de juristas.
La reducida relación con Mossack Fonseca se explica, en parte, en los mismos archivos del proveedor panameño.
Lo dice un reporte del abogado de Mossack Fonseca, Amauri Batista, escrito el 24 de julio de 2007 tras un encuentro con el abogado Arnoldo André Tinoco. “Está un poco indeciso de trabajar con sociedades offshore porque los clientes representan un mayor riesgo”.