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La empresa que vendió en setiembre de 2011 una finca en Heredia por $19,2 millones adeuda ¢264.444.836 en impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2010, es decir, desde un año antes de la compraventa del lote.
El monto adeudado al fisco por Amazonia Urbana Inversiones Limitada, cédula jurídica 3-102-492514, lo confirmó a DataBaseAR la Dirección General de Hacienda (DGH).
Adicionalmente, esa dependencia gestiona una sanción de ¢66,1 millones, equivalente a un 25% del capital adeudado por esta compañía en impuesto sobre la renta.
La fiscalización a este contribuyente se remonta al año 2012 y está en proceso de cobro judicial desde mayo de 2015, señaló la DGH.
Aunque por impedimento legal no precisó el día, la directora general de Hacienda, Priscilla Piedra, aseguró que el Departamento de Cobro de la DGH notificó en fecha reciente al representante legal de la empresa, quien aparecía registrado hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha en que venció el plazo social de Amazonia Urbana, tras ser acortado de 99 a 8 años.
En este momento transcurren los 15 días hábiles de ley para que el contribuyente salde la deuda. De no hacerlo, Hacienda demandará a la empresa en la vía judicial, afirmó Piedra, quien describió como “camino tortuoso” el procedimiento establecido por ley para el cobro a morosos.
Silke Méndez Pérez, de 52 años de edad, figura como última representante legal de la empresa en una certificación literal de Amazonia Urbana Inversiones Limitada emitida por el Registro Nacional el pasado 15 de abril.
La beneficiaria final de esta empresa, sin embargo, es Jeannette Rubinstein Winer, de 61 años de edad, tal y como lo revelara el pasado 21 de abril una investigación de DataBaseAR de los Panama Papers, 11,5 millones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca filtrados por una fuente anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Los archivos evidencian también que tras vender la finca de Heredia, Amazonia Urbana pagó una aparente comisión de $623.787,74, la cual en papel se describió como una transferencia a un tercero de un corretaje de 3,25% por la comercialización del bien inmueble.
No obstante, más de medio millón de dólares terminaron en la cuenta bancaria en Panamá de la compañía Risco Valley Inc., controlada por la misma beneficiaria final de la empresa que vendió la propiedad: Rubinstein Winer.
La finca la compró el 21 de setiembre de 2011 el Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos y no existe en la actualidad algún bien embargable a nombre de Amazonia Urbana Inversiones Limitada.
La compraventa de este bien inmueble de 27.408 metros cuadrados de extensión quedó inscrita en el Registro Nacional de Costa Rica el 10 de noviembre de 2011, con un valor fiscal de ¢10.339 millones.
Incluye además la cesión de cinco contratos de arrendamiento de edificaciones construidas en la propiedad vendida por Amazonia Urbana en el edificio UNO F.
Amazonia Urbana Inversiones Limitada, acortó su plazo social de 99 a 8 años.
En su escritura de constitución, de la cual DataBaseAR tiene copia, el plazo definido fue de 99 años –como es lo usual- contados a partir del 31 de mayo de 2007 para vencer el 31 de mayo del año 2106.
Ese plazo, sin embargo, se redujo y venció el pasado 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con una certificación literal de la personería jurídica de Amazonia Urbana.
Pese a ello, la directora general de Hacienda explicó que este cambio no impide recuperar la deuda, aunque admitió que “es muy complicado” pues no existen ya cuentas ni bienes que respondan y pudieran ser rematados.
El Registro Nacional, a través de su departamento de prensa, señaló que los cambios en los plazos sociales de una persona jurídica se amparan en el artículo 156 del Código de Comercio. Dado que éstos los validan notarios públicas, esta institución ni cuestiona ni pone en duda la solicitud; tampoco alerta a otras entidades como por ejemplo, Tributación Directa.