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Mossack Fonseca & Co., el bufete panameño fuente de un escándalo mundial por ofrecer refugios en paraísos fiscales y por su permisividad al aceptar como clientes a estafadores, capos de la droga y evasores de impuestos, fue extrañamente exigente con un matrimonio costarricense.
La exdefensora adjunta de los Habitantes, Joyce Zürcher Blen (1993-1996), y su esposo, Rafael Carrillo Lara, quien fue regulador general de los servicios públicos (1997-1998) de Costa Rica, recibieron un “no” del cuestionado bufete cuando intentaron constituir una sociedad anónima en las Islas Vírgenes Británicas.
Así lo evidencian documentos internos de Mossack Fonseca & Co obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con DataBaseAR-AmeliaRueda.com y más de 100 medios de comunicación alrededor del mundo.
Se trata de más de 11 millones de archivos, que datan de 1977 a diciembre de 2015, delatan el funcionamiento interno de Mossack Fonseca, especializado en crear refugios offshore para sus clientes.
De esa cantidad, 31 correos electrónicos y sus anexos están dedicados a la familia Carrillo Zürcher.
Debido a “información altamente sensible” encontrada en Internet durante una revisión de antecedentes de Zürcher, y pese a una carta de recomendación de una prestigiosa empresa internacional de servicios de auditoría, asesoramiento fiscal, legal y financiero, el Departamento de Cumplimiento de Mossack Fonseca ordenó negarle sus servicios, el 01 de octubre de 2013.
La negativa estuvo motivada por los señalamientos que la Contraloría General de la República (CGR) hizo desde 2010 contra Zürcher, filósofa de profesión, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, de los cuales fue sobreseída en 2014.
Zürcher -alcaldesa de Alajuela entre 2007 y 2010- y Carrillo, quien también fue presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) entre 2006 y 2008, se acercaron hace tres años a un intermediario de Mossack Fonseca en Estados Unidos para constituir Carzur Limited –nombre derivado de sus apellidos- y domiciliarla en las Islas Vírgenes Británicas, un procedimiento legal, pero objeto de debate público.
Como directores en Carzur Limited, de la cual la pareja sería copropietaria, figurarían sus tres hijos, entre ellos Federico Carrillo Zürcher, vicepresidente ejecutivo y gerente general de BICSA del 2008 al 2013, y ministro de Hacienda entre el 2004 y el 2005.
La creación de empresas domiciliadas en otras jurisdicciones es legal, a menos de que sean utilizadas con un propósito ilícito como evadir o eludir impuestos en territorio nacional.
Sobre la exalcaldesa, de 76 años de edad, y el exregulador, de 79 años, documentos de Mossack Fonseca detallan que luego de indagar en la base de datos World-Check, el Departamento de Cumplimiento de la firma los clasificó como ‘personas políticamente expuestas’ (PEP, por sus siglas en inglés).
PEP es un término que en la regulación financiera y de seguros describe a quienes se les ha confiado una función pública prominente y presentan en general un mayor riesgo de posible participación en el soborno y la corrupción en virtud de su posición y la influencia que puedan tener.
Lo que frustró la constitución de Carzur Ltd, eso sí, no fue la condición PEP de los solicitantes, sino el hallazgo de artículos de periódicos y referencias negativas en Wikipedia dando cuenta de que el 17 de setiembre de 2010, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le retiró a Zürcher su credencial como alcaldesa electa en los comicios de 2006, tras acoger una recomendación de la CGR.
Una investigación de dicho ente contralor concluyó el 21 de julio de 2010, que Zürcher, como alcaldesa de Alajuela, violó la Ley de Contratación Administrativa y la acusó formalmente ante el Ministerio Público de los delitos de peculado, fraude de ley, administración en provecho propio, falsedad en las declaraciones juradas, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
La supuestas infracciones señaladas por la CGR se referían, entre otras, a un doble pago improcedente de un plus salarial a un funcionario de esa municipalidad y a la compra de llantas por un monto de ¢5,4 millones para vehículos municipales a una empresa de la cual Zürcher era accionista y en cuya junta directiva figuraba como vocal.
“La Sra. Zürcher Blen ha estado expuesta a las críticas y acusaciones normales que se presentan constantemente contra toda persona de muy alto nivel político. No existe, sin embargo, acusación alguna que no haya sido debidamente aclarada sin demérito para doña Joyce”, escribió el contador público Javier Cotera en una carta de recomendación fechada el 23 de agosto de 2013 y que llegó a las manos del Departamento de Cumplimiento de Mossack Fonseca.
El criterio de Cotera, socio en Costa Rica de Grant Thornton International, una prestigiosa empresa internacional de servicios de auditoría, no cambió la opinión de la firma panameña.
El 22 de setiembre de 2014, el Tribunal Penal de Hacienda dictó un sobreseimiento definitivo de las acusaciones de la CGR en contra de Zürcher, quien antes de asumir como alcaldesa de Alajuela fue diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) de 2002 a 2006.
En su intento de constituir Carzur Limited en las Islas Vírgenes Británicas, Rafael Carrillo y Joyce Zürcher escogieron un bufete en el corazón del distrito financiero de Miami, Florida, intermediario de Mossack Fonseca desde el 10 de febrero de 2011: Gotlieb & Associates, P.A..
“Tenemos un cliente nuevo que quiere constituir una sociedad en IVB. ¿Puede decirme si el nombre CARZUR está disponible?”, dice un correo electrónico enviado el 16 de noviembre de 2012, por Martha Rodríguez de Gotlieb & Associates al coordinador administrativo del área de fideicomisos de Mossack Fonseca, Daniel León.
Dos meses después, el 15 de enero de 2013, Gotlieb & Associates remite a Mossack Fonseca documentación de la pareja y de sus hijos (curriculum vitae, copia de pasaportes y recibo de un servicio público, entre otros) para cumplir con la debida diligencia, un procedimiento que los abogados panameños deben aplicar por ley desde el año 2011 para conocer adecuadamente a sus clientes, y que incluye preguntar y verificar sus datos personales.
Aunque el Departamento de Cumplimiento de Mossack Fonseca recomendó declinar el servicio, a lo interno un abogado de Mossack Fonseca, Edison Teano, abogó por aceptar a la familia Carrillo Zürcher como cliente por considerar que el riesgo no era alto y que “por los nombres y los puestos que han ocupado, parecen ser personas con poder económico influyentes en su país”.
El trámite y las comunicaciones se enfriaron durante ocho meses, hasta que el 24 de setiembre de 2013, Gotlieb & Associates envía a Mossack Fonseca, para revisión de su Departamento de Cumplimiento, la carta de recomendación escrita por uno de los socios de la empresa de servicios de auditoría Grant Thornton International a favor de Zürcher Blen.
“A través de mis relaciones de negocios con su esposo y varios miembros de su familia mas cercana desde hace más de veinticinco años, he tenido el privilegio de conocer a la Sra. Joyce Zürcher como persona íntegra y honesta a carta cabal”, dijo el contador Cotera Mira en la carta.
Las palabras de Cotera fueron insuficientes y el intento fracasó.
“Esa persona [Zürcher] no cumple con los requisitos establecidos por Junta Directiva para aceptarla como PEP”, respondió el 01 de octubre de 2013 la jefa de Cumplimiento de Mossack Fonseca, Sandra de Cornejo, adjuntando un acuerdo del comité de abogados tomado en abril de 2013, que entre otras cosas detallaba que no aceptarían como clientes a personas políticamente expuestas de las cuales encontraran resultados negativos al verificar sus antecedentes.
Consultada telefónicamente por DataBaseAR, Zürcher prefirió que fuera su esposo quien se refiriera. Carrillo manifestó que Carzur iba a ser una empresa familiar que nunca se concretó, pero no por falta de un visto bueno, dijo, “de ninguna manera”, sino porque “cambiamos de opinión”.
Enterado de la decisión de Mossack Fonseca, el bufete intermediario en EE.UU. tomó la suya propia, plasmada en un email del 10 de octubre y enviado por Martha Rodríguez de Gotlieb & Associates al bufete panameño: “Sobre la base de estos hallazgos, nosotros tampoco aceptaremos al cliente”.