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Después de vender un lote en Heredia por $19,2 millones, tica se transfirió aparente comisión usando compañías controladas por ella misma en dos países

Tributación debe investigar si los más de $623 mil del supuesto corretaje fueron una utilidad que pudo haber evitado cargas tributarias

Mossack Fonseca y socio de firma auditora Ernst & Young Costa Rica facilitaron la operación, revelan archivos secretos

Por Alejandra Fernández Morera y Antonio Jiménez Rueda

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Una aparente comisión de $623.787,74 tras la venta de un lote herediano por $19,2 millones regresó a las mismas manos de quien la pagó, que también era la propietaria del terreno. Lo que ocurrió fue una transferencia de más de medio millón de dólares entre compañías domiciliadas en dos distintos países, pero controladas por una misma persona: Jeannette Rubinstein Winer.

Ese monto, que en papel se describió como el pago a un tercero de un corretaje de 3,25% por la comercialización del bien inmueble vendido en 2011, se transfirió desde Costa Rica a Panamá, vía Bahamas.

La transferencia de la supuesta comisión se realizó entre dos compañías propiedad de una misma persona –Rubinstein-, una relación empresarial que hasta ahora era desconocida para las autoridades nacionales por la inexistencia de un registro de accionistas con los nombres de los beneficiarios finales de las empresas. El vínculo queda al descubierto luego de un análisis de los Panama Papers hecho por DataBaseAR.

Al momento de la operación Rubinstein, hoy de 61 años de edad, era la beneficiaria final de Amazonia Urbana Inversiones Limitada, sociedad costarricense que vendió la propiedad ubicada en Heredia y pagó el porcentaje que en contratos llamaron comisión. A la vez, era la dueña de Risco Valley Inc., con domicilio en Panamá, empresa que al tiempo que controlaba las acciones de Amazonia Urbana, era la titular de la cuenta bancaria panameña donde se depositó la mayor parte del presunto corretaje.

La documentación, hasta ahora secreta, revela que la transferencia bancaria internacional se ejecutó entre octubre y noviembre de 2011, con ayuda del cuestionado bufete panameño Mossack Fonseca y del abogado tico Antonio Humberto Ruiz Rojas. Ruiz es socio en Costa Rica de Ernst & Young, una firma de renombre internacional en áreas de auditoría, impuestos, finanzas y contabilidad.

Consultado sobre la naturaleza de esta aparente comisión y sobre la posibilidad de que se tratara de una utilidad sujeta a impuestos, el director general de Tributación, Carlos Vargas, manifestó que será sólo mediante una investigación que esa dependencia pueda determinar si hubo o no un intento de evitar obligaciones tributarias.

En su artículo 92, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece un castigo de prisión de cinco a diez años a quien defraude a la Hacienda Pública para obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, evadiendo el pago de tributos, siempre y cuando la cuota defraudada exceda 500 salarios base.

Al tipo de cambio de la época, 500 salarios base equivalen a $303.845,64.

Los detalles del caso son parte de los 11,5 millones de archivos de la firma Mossack Fonseca, obtenidos de una fuente anónima por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con más de 100 medios de comunicación alrededor del mundo, entre ellos DataBaseAR.

A $700 el metro cuadrado

El 21 de setiembre de 2011, un lote sin construir de 27.408 metros cuadrados de extensión, ubicado en el distrito cuarto del cantón central de Heredia y colindante con la Zona Franca Metropolitana S.A., cambió de dueño.

Por la suma de $19.193.469, el Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos, autorizado por la Superintendencia General de Valores para operar en Costa Rica desde el 20 de agosto del 2002, compró a Amazonia Urbana Inversiones Limitada la finca de folio real número 217124.

La compraventa, que consta en la escritura número 27 del tomo 7 de los notarios Alejandro Fernández Carrillo y Juan Carlos Fernández Valdelomar, y de la cual DataBaseAR tiene copia, quedó inscrita en el Registro Nacional de Costa Rica el 10 de noviembre de 2011, con un valor fiscal de ¢10.339 millones.

Incluye además la cesión de cinco contratos de arrendamiento de edificaciones construidas en la propiedad vendida por Amazonia Urbana en el edificio UNO F.

Comisión con escala en Bahamas

Los Panama Papers permiten conocer otra parte de la historia.

Ocho meses antes de la venta del bien inmueble ubicado en Heredia se firmaron el mismo día -20 de enero de 2011- dos contratos que definieron el porcentaje que las partes llamaron ‘comisión’, así como la forma en que iba a ser distribuida.

El primero de los acuerdos se tituló “Contrato de Comercialización de Bien Inmueble”. Redactado en español, Amazonia Urbana Inversiones Limitada, de Rubinstein Winer, contrató a la compañía Zestrill Ltd, incorporada por Mossack Fonseca el 4 de enero de 2011 en las Islas Vírgenes Británicas, y cuyo beneficiario final era el abogado costarricense Antonio Ruiz Rojas, de Ernst & Young Costa Rica.

Según este acuerdo, por la comercialización de la propiedad, Amazonia Urbana convino pagar a Zestrill un 3,25% del precio total de su venta, un porcentaje que a la postre se tradujo en $623.787,74.

En un segundo contrato redactado en inglés y llamado “Acuerdo de Comisión” se especifica la distribución de ese 3,25%.

El reparto de la comisión, reza el tercer punto de este segundo acuerdo contenido en los archivos de Mossack Fonseca revelados en los Panana Papers, se dividiría de la siguiente manera: .

•   97% de la comisión para Risco Valley Inc. compañía de Rubinstein Winer constituida en Panamá el 5 de marzo de 2008 y cuyo agente residente en ese país es el bufete Sucre, Arias & Reyes.

•   3% de la comisión para Zestrill Ltd.

Para garantizarlo, las partes firmantes, Risco Valley y Zestrill, pactan que la repartición del supuesto corretaje se haga a través de un acuerdo de custodia.

“Un acuerdo de custodia (escrow agreement) es un arreglo en virtud del cual una de las partes deposita un activo con una tercera persona (llamado agente de custodia), que a su vez lo entregará a otra parte interesada, siempre y cuando los términos especificados en el contrato se hayan cumplido.”

El que parte y reparte

Mossack Fonseca entró en escena una vez vendida la finca de Heredia.

Del envío de la documentación requerida por el bufete panameño para firmar el acuerdo de custodia se encargó el abogado Ruiz Rojas, desde Costa Rica. Para ello utilizó su dirección de correo electrónico laboral @cr.ey.com, según consta en los Panamá Papers.

Es así como el 28 de setiembre de 2011, siete días después de la compraventa, cuatro partes interesadas firmaron el acuerdo de custodia de la aparente comisión: Amazonia Urbana Inversiones Limitada, Zestrill Ltd., Risco Valley Inc. y Mossfon Escrow SRL, una empresa de Mossack Fonseca. Esto fue lo acordado y actuado:

1.   Amazonia Urbana transfiere a Mossfon Escrow SRL –agente de custodia- $530.219,58 ($623.787,74 menos 15% de impuestos por la transferencia de la remesa). De acuerdo con los documentos, el dinero se depositó el 12 de octubre de 2011 en la cuenta No. 1008119 de The Winterbotham Trust Company Limited en Bahamas, un fondo bajo control del bufete panameño.

2.   Mossfon Escrow SRL acuerda transferir $505.705,95 a Risco Valley Inc. El 01 de noviembre de 2011 ordena a The Winterbotham Trust Company Limited efectuar dicha transferencia a la cuenta bancaria 99433 del BCT Bank International en Panamá a nombre de Risco Valley Inc.

3.   Mossfon Escrow SRL acuerda transferir $18.275,75 a Zestrill Ltd, empresa del abogado Ruiz Rojas, socio de Ernst & Young Costa Rica.

4.   Por el servicio de recibir, custodiar y distribuir este dinero, Mossfon Escrow SRL cobró un 1% de la comisión inicial: $6.237,88.

“Ya se recibieron las facturas y por tanto podemos proceder con el pago de las comisiones”, dice un correo electrónico del 01 de noviembre de 2011 enviado por la ejecutiva Joanna Soto a los tres socios de Mossack Fonseca, Ramón Fonseca, Jürgen Mossack y Christoph Zollinger. En ese correo, Soto pide a sus superiores aprobar “una transferencia de salida” del servicio escrow.

“Tenemos los documentos que sustentan desde la compraventa hasta los contratos de comisión por la operación realizada”, explica Soto.

“O.K. aprobado. Adelante”, responde ese mismo día el socio de Mossack Fonseca, Zollinger.

El Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos confirmó a través del gerente general de la sociedad que lo administra, Antonio Pérez, que para la adquisición de la finca no contrataron a ningún corredor de bienes (persona física o jurídica). Tampoco, aseguró, tuvieron conocimiento de la supuesta comisión acordada por la contraparte, Amazonia Urbana, vendedora del bien inmueble.

Rubinstein, respondiendo un primer correo de DataBaseAR, recalcó que la compraventa corresponde al ámbito privado de negocios y dijo que “el interés público que esto pueda generar” concierne únicamente al pago de impuestos por la transferencia de la remesa al exterior.

Sin embargo, en dos cuestionarios que se le enviaron posteriormente, evitó explicar a DataBaseAR a quién contrató para comercializar el bien, a quién le pagó la supuesta comisión o cuál abogado atendió la diligencia. Durante el intercambio electrónico, que se llevó a cabo entre el 14 y 20 de abril, tampoco contestó porqué contrató el servicio de custodia de Mossack Fonseca –como lo muestran los Panama Papers- o si lo hizo en más de una ocasión, ni si su actividad económica son los bienes raíces.

En su última comunicación, Rubinstein Winer escribió:

“Las preguntas en las que se hace referencia a aspectos del ámbito privado de esta transacción no serán respondidas, pues me reservo el derecho constitucional de contestar únicamente lo que trasciende al interés público. Le reitero que mis actuaciones en esta transacción se han apegado al marco legal vigente y a las normas éticas que deben informar los negocios."

Rubinstein, la beneficiaria final

Una ciudadana ecuatoriana, estudiante de 25 años de edad, fue quien compareció ante el notario público –con oficina en San José- Juan Carlos González Lavergne el 31 de mayo de 2007 para constituir la sociedad anónima Amazonia Urbana Inversiones Limitada.

María Lorena Villena Rivera, con el pasaporte 1716255698, fue quien en calidad de Presidenta, con facultades de apoderada generalísima de Duelo Terso Sociedad Anónima y de Alicante Oriental Sociedad Anónima constituyó Amazonia Urbana.

La escritura constitutiva, a la cual DataBaseAR tuvo acceso, detalla que el capital social son ¢12.000, representados por 120 cuotas en partes iguales: 50% Duelo Terso, 50% Alicante Oriental.

El 5 de marzo de 2008 se constituye en Panamá, Risco Valley Inc. y dos días después, el 7 de marzo, tanto Duelo Terso S.A. como Alicante Oriental S.A. –accionistas de Amazonia-, ceden su poder a Risco Valley en documentos firmados por la ecuatoriana Villena. Ese mismo año queda revocado el nombramiento de Villena Rivera como presidenta y apoderada generalísima.

La dueña de las acciones de Risco Valley Inc.: Jeannette Rubinstein Winer.

Así lo revela el abogado de Rubinstein Winer, Antonio Ruiz, incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica el 27 de octubre de 1998, en un correo electrónico que envió a Mossack Fonseca, el 23 de setiembre de 2011, al cual adjunta, documentación que sustenta la estructura.

La identidad de Rubinstein Winer como beneficiara final queda también acreditada en el cumplimiento de la debida diligencia o política (“conozca a su cliente”) llevado a cabo por Mossack Fonseca como parte del acuerdo de custodia de la supuesta comisión.

Entre los requisitos, la firma panameña solicitó a la empresaria un recibo de servicios públicos a su nombre que diera fe de su domicilio. En sustitución envió una declaración jurada, certificada por notario público, con su dirección en Escazú.

Abogados herméticos

¿Con qué finalidad estableció el abogado y socio director de Ernst & Young Costa Rica, Ruiz Rojas, Zestrill Ltd., con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas? ¿Cuál es la relación de Zestrill Ltd. con Ernst & Young S.A.?

“Por políticas así como obligaciones legales, no me puedo referir a temas relacionados con transacciones o clientes”, contestó a DataBaseAR el abogado Ruiz Rojas, de 43 años, cuando se le solicitó una entrevista para contestar estas preguntas. Tampoco quiso referirse a Zestrill Ltd. el socio de esa firma Rafael Sayagués.

Al consultárseles si los abogados asociados a Ernst & Young tienen dedicación exclusiva, respondieron:

“Los colaboradores tienen dedicación exclusiva profesional con la firma, la cual debe cumplir con estándares de privacidad y confidencialidad con sus clientes. Lo anterior tanto por requerimientos internos así como por requisitos legales contractuales y de práctica profesional. Esto aplica para todos nuestros profesionales y es particularmente estricto en los casos de abogados y servicios legales.”

El Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos que rige la conducta de los agremiados al Colegio de Abogados, establece en su artículo 43 que si un cliente comunica a su abogado o abogada la intención de cometer un ilícito, esta confidencia no es materia de secreto profesional, por lo cual, agotados los medios de disuasión, deberán hacer las revelaciones necesarias para prevenirlo.

Dice además, en su artículo 17, que la conducta de un profesional en derecho se ajustará al ordenamiento jurídico vigente en la sociedad costarricense, debiendo abstenerse de toda actuación impropia que pueda desacreditar la profesión.

“Su ejercicio profesional deberá ser siempre probo, leal, veraz y de buena fe”, agrega ese artículo.

DataBaseAR pidió al presidente del Colegio de Abogados, Froylán Alvarado Zelada una entrevista para abordar este caso. A través de la encargada de Comunicación y Mercadeo manifestó que “el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica no se referirá de momento al tema de los Panamá Papers, debido a que aún no tenemos conocimiento de investigaciones y/o denuncias formales (al menos en Costa Rica)” .

Lo anterior pese a que organizan para el próximo 25 de abril una mesa redonda titulada “Panamá Papers: Paraísos Fiscales y Anonimato en los Registros de Accionistas”, con seis participantes, entre ellos el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Ronald Jiménez y el Coordinador de la Comisión Tributaria del Colegio, Adrián Torrealba.