Expresidente Figueres y su hermano Mariano fueron directivos en empresa offshore de energía

Representaron inversión familiar del Grupo SAISC a lo largo de una década con compañía domiciliada en Bermudas

Por Alejandra Fernández Morera

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San José, Costa Rica. El expresidente de Costa Rica, José María Figueres Olsen, y su hermano Mariano, actual cabeza de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, representaron a su familia en una empresa offshore a la cual se asociaron durante una década para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica privada aquí, en Chile y en Guatemala.

José María, quien además fue director ejecutivo y general del Foro Económico Mundial (2000-2004), y su hermano menor fueron directivos de la firma Energía Global International Ltd. (EGI), domiciliada en Bermudas, conocido paraíso fiscal.

A través de estos dos hermanos, la familia del caudillo y tres veces presidente de Costa Rica, José Figueres Ferrer –fundador del Partido Liberación Nacional y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)-, tuvo un asiento en la Junta Directiva de EGI al menos durante cuatro años, de 1998 al 2001.

Tal participación se explica –en parte- porque la generación eléctrica ha sido un interés comercial de la familia Figueres desde hace más de cuatro décadas. Por ejemplo, la relación entre la Sociedad Agro-Industrial San Cristóbal (Grupo SAISC), el holding familiar de los Figueres, y EGI data de 1991.

Fue en ese año cuando Energía Global International nació en Massachusetts, Estados Unidos, y seis años después su jurisdicción migró a Bermudas. Coincidentemente, es en 1991 cuando se creó Energía Global de Costa Rica S.A., la primera subsidiaria de EGI en Latinoamérica, presidida por el expresidente costarricense. Doce meses antes, Costa Rica aprobó la Ley 7200, que autorizó la generación particular de energía y la posibilidad de venderla al ICE.

Consultados por DataBaseAR y por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), tanto el expresidente Figueres (1994-1998) como Mariano, gerente del Grupo SAICS de 1994 a 2014, reconocieron la existencia de la empresa offshore en Bahamas y haber ocupado una silla en la Junta Directiva de la misma hasta que se vendió en 2001.

El uso de sociedades, fideicomisos y fundaciones offshore –es decir vehículos jurídicos constituidos fuera del país de residencia, en regiones donde la carga tributaria es de un 0% o mínima- es legal, a menos de que estos instrumentos sean utilizados para cometer delitos como la evasión fiscal, el lavado de activos o la corrupción.

La relación de hechos en el caso de los Figueres, desconocida públicamente hasta ahora, se construye a partir de archivos internos de la firma de abogados offshore Appleby, con sede en Bermudas. Los documentos se filtraron al diario alemán Süddeutsche Zeitung y se compartieron con ICIJ, con DataBaseAR –unidad de AmeliaRueda.com- y con más de 90 organizaciones de medios en 67 países. La filtración de 13,4 millones de archivos es la segunda más grande en la historia, superada sólo por #PanamaPapers.

Tico entre prominentes mundiales

Según los documentos de Appleby, José María Figueres Olsen es uno de los 127 políticos de prominencia mundial expuestos en esta investigación, donde se revela que fue uno de los nueve miembros de Junta Directiva de EGI en Bermudas a partir del 7 de junio de 1999 y hasta su disolución en 2001.

Su nombramiento coincidió, además, con su ascenso a la dirección del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra. Mientras Figueres asegura que el Foro no le exigió, ni mucho menos pidió que declarara su participación en juntas directivas corporativas o sin fines de lucro, WEF confirmó a DataBaseAR y a ICIJ que la política que permite a sus oficiales tener trabajos no remunerados, como el del expresidente en EGI, entró a regir a inicios del año 2000, y requería aprobación del comité de dirección. Sin embargo, no pudieron especificar si Figueres recibió el permiso para ese trabajo extra.

Antes del expresidente, el puesto directivo en EGI lo ocupó su hermano Mariano. Los registros de Bermudas muestran que cuando la jurisdicción de la empresa internacional migró de Norteamérica a las islas, se le nombró como directivo el 23 de marzo de 1998, aunque él mismo admite que ocupó ese puesto desde 1994 para sustituir a Jose María quien ascendía a la presidencia de Costa Rica y, por ende, quedaba inhabilitado de ejercer cargos en empresas privadas.

En palabras de José María Figueres, EGI nació en una época “muy desafiante” para los negocios de energía renovable: la década de 1990. En aquellos tiempos, recalcó el político, la empresa era incipiente y requería reunir capital de mútliples fuentes de inversión para financiar los proyectos energéticos que ambicionaba desarrollar en la región. ¿Qué mejor jurisdicción para hacerlo? Bermudas, aseguró.

“Queríamos proporcionar a los inversores una jurisdicción internacional transparente, aceptable, que ofreciera a los inversores reglas y regulaciones sólidas a través de un marco legal y de cumplimiento respetado, como el que brinda Bermudas”, argumentó al responder un cuestionario por escrito.

Es indiscutible que el expresidente Figueres jugó un rol determinante en la creación de EGI y el vínculo de esa empresa con las de su familia. Un entusiasmo que contrastaba marcadamente con la posición de Mariano, quien asegura hoy que discrepaba de aquel negocio privado y que por eso buscó ponerle fin a la relación con EGI desde 1994, cuando asumió la gerencia del grupo SAISC.

“Opino que la generación [eléctrica] en Costa Rica debe estar en manos del ICE y no de las empresas privadas y por eso solicito al holding [SAISC] el deseo de que nosotros nos salgamos de ese negocio, cosa que se concretó unos años después”, manifestó el director de la DIS, quien renunció en el año 2005 al partido político fundado por su padre para conformar la agrupación Alianza Patriótica. Actualmente está alejando de la parte administrativa de los negocios familiares a razón de su nombramiento en la Administración Solís Rivera (2014-2018).

Pese a las diferencias ideológicas en el tema de generación eléctrica, a los hermanos los une la mentalidad empresarial en el uso de las sociedades offshore. Bien utilizadas, opina Mariano, pueden ser beneficiosas para “crear empresa y crear empleo”.

Paraíso, sí. Mágico, no.

Si bien EGI logró financiamiento a través de préstamos, complejas ofertas accionarias y una intrincada estructura de capital, Bermudas no fue una varita mágica. La compañía en ningún momento tuvo ganancias o excedentes de capital y con pérdidas acumuladas por $30 millones al 31 de diciembre de 2000, EGI estaba en riesgo de quiebra. Ante la posibilidad de perder la totalidad del capital invertido, su asamblea de accionistas aceptó el 29 de mayo de 2001 una oferta de compra de Enel Green Power, filial de una multinacional italiana de energía.

Con la transacción, los socios de EGI –entre ellos SAISC- se repartieron $55 millones con una pérdida económica aproximada de 19% en el precio de compra de las acciones, según consta en documentación relacionada con una demanda interpuesta por cinco accionistas contra EGI, contenido en los archivos filtrados de Appleby.

Al momento de la venta, la participación accionaria de los Figueres, que inicialmente fue de un 49%, se había reducido a un 5% en consonancia con el aporte de la familia en la construcción en Costa Rica de los proyectos hidroeléctricos Don Pedro y Río Volcán, explicó Mariano.

El ingreso que los Figueres hayan obtenido de dicha venta no es gravable en Costa Rica, razón por la cual no estaban obligados a reportarlo al fisco, explicó el director general de Tributación, Carlos Vargas.

“La Ley de Impuesto sobre la Renta nuestra es bastante deficiente porque tiene carencias técnicas, los mismos tributaristas lo reconocen, y tiene gran cantidad de hoyos, de resquicios donde se puede ocultar alguna transacción o del todo no está gravada. Este es uno de esos casos, las ganancias de capital no están gravadas con el impuesto sobre la renta”, apuntó Vargas.

De La Lucha a Bermudas

Los Figueres nacieron a la generación eléctrica a mediados del siglo pasado. A 60 kilómetros de San José, en San Cristóbal de Desamparados, Figueres padre fundó en 1928 la emblemática finca La Lucha sin Fin y con el transcurrir de los años instaló dos pequeñas centrales hidroeléctricas con una capacidad aproximada de 350 kVA, la única fuente de energía en la comunidad.

Allí donde se fundaron a punta de balas las bases del liberacionismo, se gestó también la energía renovable de autoconsumo para el desarrollo de las empresas agrícolas de la familia y de Costa Rica. Cuando la crisis económica de finales de la década de los años 70 resonó en los negocios de los Figueres, la producción superaba sus necesidades y había un sobrante de energía.

“Empezamos a buscar qué hacer con ese sobrante”, narró el exmandatario el 23 de octubre de 1996 en una comparecencia en Casa Presidencial ante diputados de una comisión especial que analizaba los proyectos para reformar la Ley General de Telecomunicaciones, Electricidad y Modernización y Fortalecimiento del ICE, y que a la vez cuestionaba si su aprobación beneficiaría los intereses personales del entonces presidente.

“Fue así como, con el transcurrir de los años –porque esto es algo, por supuesto, que llevó todo un proceso durante la década de los ochenta- cuando en la Administración del presidente Calderón Fournier se aprueba la Ley 7200, que es la primera ley que viene a reglamentar lo que son las posibilidades de generación por parte del sector privado, vemos en eso una oportunidad para poder utilizar ese sobrante de energía eléctrica que se venía produciendo en La Lucha”, manifestó el entonces Presidente.

Sin perder más tiempo los Figueres buscaron socios que pudieran aportar capital y conocimiento tecnológico para desarrollar proyectos hidroeléctricos al amparo de la nueva legislación, y los encontraron en Boston, Massachusetts a través de José María, que cursaba estudios universitarios en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, en la Universidad de Harvard.

En esa ciudad estadounidense nace en 1991 la relación con Rob Pratt, un emprendedor de energías limpias, y también ve la luz EGI, con Pratt como su director general, y en asociación con SAISC. La sociedad sobrevive 10 años y termina sus días en Bermudas, a 1.200 kilómetros de EE.UU., como sociedad offshore.

Descarga eléctrica en el Congreso

Energía Global Internacional estampó en papel lo que, quizá, muchas compañías buscan para acelerar sus negocios, pero que nunca dejan impreso: un folleto promocional, donde la empresa delineó la que sería su estrategia para América Latina.

A inicio de la década de 1990 el plan era aliarse con líderes de negocios y de Gobierno bien conectados.

La táctica manifiesta en el brochure de EGI de 1992 sacó chispas en 1996 cuando cayó en manos de la oposición mientras Figueres Olsen ocupaba la primer Magistratura de Costa Rica. Legisladores del partido Unidad Social Cristiana (PUSC) la calificaron como una política comercial antiética, reprochable y que fomentaba la corrupción, y aprovecharon la comparecencia del mandatario en octubre de ese año para cuestionarlo.

“Uno se preocupa de que expliciten prácticamente la búsqueda de compadrazgos, la búsqueda de influencia política para sus actividades económicas”, expresó en la comparecencia el entonces diputado del PUSC, Rafael Villalta.

Los cuestionamientos también venían de legisladores que años después se vieron involucrados en casos de corrupción. El socialcristiano Hernán Bravo, exministro de Ambiente y Energía en 1993, le envió a Figueres el 29 de octubre de 1996 una carta pública pidiéndole condenar la política que impulsaba EGI.

“Impulsar la formación de empresas con acciones en manos de jerarcas y oficiales de alto rango del Gobierno, implica un deseo de que dichas empresas obtengan “beneficios especiales y protección oficial” en relación con otras compañías interesadas en el sector, lo cual es anti-ético e inmoral”, dice la misiva de Bravo, condenado en 2007 por corrupción agravada en la modalidad de cohecho impropio. “Todo lo anterior me lleva a solicitarle, Señor Presidente […] que de una forma clara, pública y concreta, condene la política que impulsa esa empresa norteamericana”.

Figueres ignoró la petición.